Una cuestión de seguridad nacional que nos impide acceder a modelos avanzados
Casi todo lo que se dice sobre inteligencia artificial se presenta, en el mejor de los casos, como una conversación sobre productividad, empleos, educación, regulación y ética. No obstante, existe un costado que no debería pasar desapercibido.
Suelo pensar que nadie desconoce que los distintos modelos de IA tienen dueño, de hecho, el nombre de las empresas que los producen es casi tan conocido como la misma herramienta. Y como todo en el capitalismo, el dueño decide en función del mercado y sus clientes, o casi.
Por eso es aceptable que exista una disponibilidad regulada. No todos accedemos a “lo mismo”, depende de si se la usa gratis o de cuanto se pague de abono. La velocidad de respuesta es apenas un detalle, el modelo de “razonamiento” está administrado, y por ello las respuestas son de distinta calidad.
Más allá de esas limitaciones expuestas en los términos y condiciones aceptados al contratar, existen otras imposiciones que no son tan claras o evidentes a simple vista.
Existe una especie de confianza pseudo religiosa en que la IA es parte de una oferta universal de servicios que beneficiará a todos y de forma indefinida, aún con las diferencias posibles. Entiendo que esta fantasía es el efecto optimista del encandilamiento frente a este avance extraordinario.
Lo cierto es que la IA comenzó a ser considerada formalmente un recurso estratégico y de seguridad nacional en Estados Unidos a partir de 2018, año en el que se creó la Comisión de Seguridad Nacional sobre Inteligencia Artificial (NSCAI) con el objetivo declarado de asegurar la superioridad frente a los competidores globales.
Eso afecta y afectará de forma directa al usuario final, aunque parezca muy alejado del uso cotidiano que se pueda hacer de la IA.
El episodio de junio de 2026 con Anthropic, los dueños de Claude, mostró una fragilidad inaudita en las relaciones de poder de manera concreta. El 12 de junio, el gobierno de Estados Unidos aplicó controles de exportación sobre Claude Fable 5 y Claude Mythos 5, los modelos más nuevos. La empresa explicó que la orden le exigía restringir el acceso de ciudadanos extranjeros dentro y fuera de Estados Unidos.
Al no contar con una forma confiable de verificar nacionalidad en tiempo real, la empresa suspendió ambos modelos para todos los usuarios. El 30 de junio los controles se levantaron para Fable 5, que volvió a estar disponible globalmente desde el 1 de julio, mientras Mythos 5 siguió reservado a un grupo de organizaciones estadounidenses aprobadas por el gobierno.
Una interrupción semejante puede parecer una molestia temporal para los usuarios finales, o significar una espera más larga, pero para una empresa, un laboratorio, un ministerio, una universidad, un banco, etc. la cuestión cambia de escala, de pérdida de oportunidades y criticidad.
La discusión, para Latinoamérica en principio, sobre si el modelo es tan bueno que resulta peligroso o no parece irrelevante frente a la realidad de un gobierno extranjero que dispone sobre el acceso a modelos avanzados de IA.
En términos políticos y estratégicos esto implica una amenaza directa a los países. Una muestra “gratuita” de condicionamientos a la soberanía. Un problema político grave.
La región puede adoptar herramientas de inteligencia artificial a gran velocidad y aun así permanecer en una posición subordinada si las capacidades críticas dependen de infraestructura, licencias, nubes, chips, estándares y decisiones regulatorias ajenas que, de profundizarse, podrían convertirse en un colonialismo tecnológico.
Estados Unidos venía trabajando desde antes en esa frontera entre comercio, seguridad y tecnología. En enero de 2025, el “Bureau of Industry and Security” incorporó controles sobre modelos de inteligencia artificial y sobre circuitos integrados avanzados, aunque aclaraba que esa regla no imponía nuevas restricciones a las aplicaciones de usuario final ni a las APIs (reglas y protocolos que permite que diferentes programas de software se comuniquen e intercambien información). En mayo de 2025, el Departamento de Comercio anunció la rescisión de esa regla y al mismo tiempo reforzó controles vinculados con chips.
Esa secuencia muestra una política oscilante en sus instrumentos, aunque bastante estable en el fondo de la cuestión. La inteligencia artificial avanzada queda definitivamente integrada al lenguaje de la seguridad nacional, la ventaja industrial y la competencia estratégica.
América Latina se encuentra con estas nuevas circunstancias, con la heterogeneidad enorme que la caracteriza en tantos otros rubros. Chile, Brasil, México, Uruguay, Colombia, Argentina y otros países muestran capacidades, ecosistemas empresariales, universidades, marcos regulatorios y niveles de inversión muy distintos. Aunque no pueden pensarse como un bloque homogéneo, sí comparten un problema estructural.
La mayor parte de las capacidades digitales críticas de nuestros Estados se apoyan en proveedores externos, infraestructuras ubicadas bajo otras jurisdicciones y plataformas cuyo gobierno real queda lejos de las instituciones y normativas nacionales.
El Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial 2025 de la CEPAL analiza 19 países y organiza la madurez regional alrededor de factores y recursos necesarios, investigación, desarrollo y adopción. Ese enfoque confirma que la IA depende de condiciones previas como conectividad, talento humano, datos, infraestructura, financiamiento, regulación y capacidad estatal.
Convengamos que hoy los países latinoamericanos enfrentan riesgos de dependencia tecnológica vinculados con el acceso a datos, la infraestructura crítica para desarrollar IA y las capacidades técnicas y operativas. Esto es importante recordarlo para evitar reducir el asunto a una disputa ideológica.
La dependencia digital se instala cuando se compran software, modelos analíticos o servicios de procesamiento en otras jurisdicciones extranjeras y se consolida cuando los datos nacionales alimentan sistemas cerrados, cuando los servicios públicos se montan sobre infraestructuras que el Estado no controla, las universidades investigan con herramientas de renovación condicionada y las áreas de defensa o seguridad operan con proveedores que responden a marcos legales externos, entre otros ejemplos posibles.
En el campo militar, por supuesto, la cuestión es aún más compleja y grave. La incorporación de IA en la defensa ya forma parte de las decisiones. En marzo de 2026, una comunicación interna del Pentágono citada por la prensa internacional señaló que “Maven”, el sistema de IA de Palantir, pasaría a convertirse en un programa central para las fuerzas armadas estadounidenses. Esa plataforma analiza datos de satélites, drones, radares, sensores e informes de inteligencia para identificar amenazas u objetivos. Palantir sostiene que el software no toma decisiones letales y que la responsabilidad final permanece en humanos.
El Brennan Center for Justice, un think tank con capacidad de lobby advirtió en 2026 que, incluso en los Estados Unidos, el uso militar de IA avanza con poca transparencia pública y con riesgos asociados a sesgos, errores, dependencia de sistemas propietarios y debilitamiento de la supervisión.
América Latina que carece o tiene grandes limitaciones en las capacidades propias de cómputo, análisis geoespacial, ciberdefensa, inteligencia de señales, protección de datos y auditoría algorítmica queda expuesta a una asimetría mucho mayor que la tradicional diferencia en disponibilidad de aviones, radares o barcos. La brecha se consolida y expande, ahora también por la diferencia de velocidad con la que un actor puede reunir datos, interpretarlos, simular escenarios, anticipar movimientos y convertir esa información en decisiones operativas.
El caso venezolano obliga a pensar esa dimensión con bastante más seriedad. En enero de 2026, Estados Unidos informó la captura de Nicolás Maduro tras una operación militar en Venezuela con soporte de la IA. Los reportes públicos describieron una acción de gran escala y un debate inmediato sobre legalidad, inteligencia operacional, proyección de fuerza y consecuencias regionales. Más allá de la valoración política que cada lector tenga sobre Maduro, la lección estratégica para los países latinoamericanos reside en la combinación de capacidades de inteligencia, sanciones, infraestructura digital, superioridad aérea, ciberoperaciones, control financiero, plataformas de simulación e IA y en decisiones políticas. Probando que, ahora, la soberanía de los Estados se juega en esa convergencia.
América Latina necesita discutir esta agenda siendo muy realistas desde el inicio, sin fantasías de autosuficiencia absoluta. Es claro que ningún país de la región puede replicar por su cuenta el ecosistema completo de Estados Unidos o China.
La alternativa más realista consiste en reducir vulnerabilidades críticas. Eso implica identificar qué datos deben permanecer bajo jurisdicción nacional, qué sistemas públicos requieren nubes soberanas o híbridas, qué contratos tecnológicos deben incluir cláusulas de continuidad y portabilidad, qué capacidades de ciberseguridad deben desarrollarse en universidades, empresas locales y organismos públicos, y qué áreas de defensa necesitan talento propio para auditar, adaptar y cuestionar sistemas algorítmicos.
La soberanía digital tampoco equivale a encerrar la tecnología dentro de fronteras nacionales. América Latina necesita cooperación internacional, transferencia tecnológica, estándares abiertos, alianzas con Europa, Asia y Estados Unidos, y participación activa en organismos multilaterales con reglas más claras que las impuestas hoy.
Puede parecer un problema de segundo orden frente a las urgencias históricas de nuestros países, no obstante, queda claro que como países soberanos, si pensamos la IA como herramienta de trabajo debemos reconocer que estaremos un paso atrás siempre si los modelos avanzados son restringidos, y actuar en consecuencia. Por otra parte, considerarlo un elemento estratégico nos pone en situación de percibir los riesgos asociados a la extranjerización indiscriminada y la necesidad de generar una regulación adecuada para servicios de IA.
Fuentes consultadas
- Anthropic, “Redeploying Fable 5”
https://www.anthropic.com/news/redeploying-fable-5 - Bureau of Industry and Security, “Framework for Artificial Intelligence Diffusion”
https://www.federalregister.gov/documents/2025/01/15/2025-00636/framework-for-artificial-intelligence-diffusion - Bureau of Industry and Security, rescisión de la “AI Diffusion Rule”
https://www.bis.gov/press-release/department-commerce-announces-rescission-biden-era-artificial-intelligence-diffusion-rule-strengthens - CEPAL, “Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial 2025”
https://www.cepal.org/es/publicaciones/82514-indice-latinoamericano-inteligencia-artificial-ilia-2025 - Fernando Filgueira, “Desafíos de gobernanza de inteligencia artificial en América Latina. Infraestructura, descolonización y nueva dependencia”, Revista del CLAD Reforma y Democracia
https://revista.clad.org/ryd/article/view/desafios-gobernanza-inteligencia-artificial-America-Latina - Versión PDF del artículo de Revista del CLAD
https://revista.clad.org/ryd/article/download/desafios-gobernanza-inteligencia-artificial-America-Latina/527 - Reuters, “Pentagon to adopt Palantir AI as core US military system, memo says”
https://www.reuters.com/technology/pentagon-adopt-palantir-ai-as-core-us-military-system-memo-says-2026-03-20/ - Brennan Center for Justice, “The Business of Military AI”
https://www.brennancenter.org/our-work/research-reports/business-military-ai - Council on Foreign Relations, “The U.S. Military Campaign Targeting Venezuela and Nicolás Maduro”
https://www.cfr.org/articles/operation-southern-spear-us-military-campaign-targeting-venezuela - Brookings, “Making sense of the US military operation in Venezuela”
https://www.brookings.edu/articles/making-sense-of-the-us-military-operation-in-venezuela/ - Kenneth Payne, “AI Arms and Influence: Frontier Models Exhibit Sophisticated Reasoning in Simulated Nuclear Crises”
https://arxiv.org/abs/2602.14740
