ESTE NO ES UN ARTÍCULO MÁS SOBRE INTELIGENCIA ARTIFICIAL
La inteligencia artificial se convirtió en uno de los pocos consensos transversales de nuestra época. Gobiernos, empresas, universidades y medios coinciden en que “la IA llegó para quedarse y hay que adaptarse”.
Nada más peligroso que las posiciones únicas.
Ese acuerdo mayoritario debería encender al menos alguna alarma. Cada vez que una tecnología se presenta como inevitable, lo que suele desaparecer del debate es la política. Y eso es deliberadamente intencional.
Hablar de inteligencia artificial en clave política implica abandonar temporalmente dos caminos cómodos. El primero es el enfoque fenomenológico e instrumental, centrado en describir qué hace la tecnología, cómo funciona o qué nuevas aplicaciones aparecen cada mes. El segundo es el relato de la innovación permanente, que celebra cada avance como progreso en sí mismo.
Posturas cómodas por su superficialidad. La intención es que vayamos más allá de lo evidente. Incestigar, aprender, discutir y mostrar lo que no se ve.
Politizar la IA implica preguntarse y discutir bajo qué condiciones materiales, laborales y geopolíticas se produce y despliega la IA.
La inteligencia artificial no es un objeto abstracto. Es una forma específica de organizar trabajo, recursos y decisiones. Tiene la misma lógica de cualquier industria extractivista con la particularidad de su eje en lo digital. Su funcionamiento depende de una cadena global que combina extracción mineral, consumo energético intensivo y trabajo humano precarizado entre otras cuestiones.
Millones de personas realizaron y realizan tareas repetitivas, mal pagadas y muchas veces psicológicamente dañinas para entrenar sistemas que luego se presentan como autónomos. Clasifican imágenes, etiquetan emociones, moderan violencia y limpian datos para que otros hablen de automatización y eficiencia.
Este esquema no es accidental. Responde a una lógica conocida. Externalizar costos hacia territorios y poblaciones con menor capacidad de regulación.
La IA no elimina el trabajo humano. Lo fragmenta, lo invisibiliza y lo desplaza. En términos políticos, asistimos a una reconfiguración del trabajo semi esclavo bajo ropajes digitales, legitimada por el lenguaje del progreso tecnológico.
A esto se suma la dimensión material. La infraestructura que sostiene la IA requiere minerales específicos, grandes volúmenes de energía y agua, centros de datos ubicados estratégicamente y cadenas logísticas globales. El discurso de la tecnología limpia convive con prácticas extractivas que reproducen esquemas centro periferia. Algunos territorios proveen recursos, datos y trabajo barato. Otros concentran el control, la renta y la capacidad de decisión.
Politizar la IA también implica interrogarnos sobre el uso como tecnología de gobierno. Sistemas de vigilancia, evaluación de riesgos, control migratorio o monitoreo poblacional, sistemas que se expanden muy rápido, muchas veces sin debate público ni marcos regulatorios sólidos. Estas herramientas no se aplican de manera homogénea. Suelen desplegarse primero sobre poblaciones vulnerables, con menor capacidad de defensa jurídica y política. La automatización aparece así como una forma de administración del conflicto social.
El lenguaje cumple un rol central en esta despolitización. Hablar de inteligencia, aprendizaje o autonomía induce a pensar a estos sistemas como agentes neutrales. Esa operación simbólica diluye responsabilidades humanas. Cuando una decisión automatizada discrimina, excluye o daña, el problema se presenta como técnico. El conflicto político se transforma en un error de sistema.
Sólo para dejarlo en claro, todo resultado que cierra un proceso de la IA está sujeto a un cúmulo de decisiones previas que de conocerse pondrían en tela de juicio la respuesta, aún cuando esta sea correcta. Me refiero que alguien decidió usar tus datos y los míos sin permiso, ni escrúpulos para recrear la “normalidad estadística”. Alguien definió qué universo de datos e indicadores define que es “bello”, “apto”, “correcto”, etc.
El deber ser para la IA no existe. Trabaja con una construcción artificial de “límites” que no son otra cosa que decisiones de los pocos que deciden que importa y que no.
Desde América Latina, la urgencia de politizar la IA es aún mayor. La región ocupa un lugar subordinado en la arquitectura global de esta tecnología. Provee datos, recursos y trabajo precarizado, mientras importa sistemas diseñados en otros contextos, con otros intereses y otras prioridades. Pensar la IA sin considerar estas asimetrías equivale a naturalizar un nuevo ciclo de dependencia. Dependencia que será creciente en la medida que los procesos de gobierno, la ciencia y la “vigilancia” responda a patrones y prioridades ajenas.
Politizar la inteligencia artificial no significa rechazarla.
Politizarla implica devolverle densidad política. Recuperar lo que se pretende ocultar.Preguntar quién decide, quién se beneficia y quién asume los costos.
Significa discutir marcos regulatorios, condiciones laborales, impactos ambientales y usos legítimos. Significa asumir que la tecnología no es el destino ni un fenómeno natural, sino resultado de decisiones humanas intencionadas y posiciones ideológicas.
Pretendo que se entienda que la intención de este artículo no es proponer una postura, impulsar un movimiento o activar ideológicamente algo. Si quien lee siente la chispa de motivación para repensar algo de lo dicho antes, el objetivo se habrá cumplido.
Pero si llegaron hasta a acá y se quedaron con sabor a poco les recomiendo el libro “Atlas de la inteligencia artificial” de Kate Crawford que desarrolla muchas de las cuestiones tratadas con información y datos concretos.
Ustedes sabrán que hacer con ello.
