La decisión de Estados Unidos, bajo la conducción de Donald Trump, de intervenir de manera directa en Venezuela, capturar a Nicolás Maduro y anunciar una administración transitoria de activos estratégicos del país, no puede leerse como un episodio aislado ni como una excentricidad coyuntural. Constituye, más bien, la consolidación de una doctrina intervencionista explícita que redefine el rol de Washington en América Latina y reordena el tablero de las relaciones internacionales desde una lógica de poder descarnada.
El mensaje implícito es simple y brutal, Estados Unidos vuelve a actuar sin ambigüedades como potencia hegemónica regional cuando considera que sus intereses vitales están en juego, aun a costa de erosionar principios largamente invocados como la soberanía, la autodeterminación de los pueblos o el multilateralismo.
Desde el realismo político, este giro no resulta sorprendente. El realismo parte de una premisa incómoda pero persistente que sostiene que los Estados no se mueven por valores universales sino por intereses, y el sistema internacional no es un espacio de cooperación armónica sino un campo de competencia permanente. En ese marco, la intervención en Venezuela responde a una lectura estratégica que combina seguridad, control de recursos y demostración de poder.
Venezuela no es solo un régimen pseudo democrático transformado en uno autoritario en crisis; es, sobre todo, un territorio con una de las mayores reservas de petróleo del mundo, ubicado en una región que Washington considera históricamente su esfera de influencia.
Cuando Trump afirma que empresas estatales venezolanas podrían ser administradas por personal estadounidense o quedar bajo tutela de compañías norteamericanas, no está improvisando una provocación retórica, está explicitando el núcleo material del conflicto, la apropiación y reorganización de recursos estratégicos, petróleo fundamentalmente, bajo control directo de la potencia dominante.
La captura de Maduro y la operación militar que la precede introducen un precedente extremadamente delicado para el orden internacional. No se trata solo de la caída de un gobierno autoritario y violento, argumento que suele esgrimirse para justificar intervenciones selectivas. Se trata de la normalización de una práctica que habilita a un Estado a deponer a otro sin el aval de organismos multilaterales, sin consenso regional y sin un marco jurídico internacional claro.
Desde la óptica realista, la legalidad es secundaria frente a la capacidad de imponer hechos consumados. Sin embargo, el costo sistémico de esa lógica es alto. Si la fuerza se convierte nuevamente en el principal instrumento de resolución de disputas, la previsibilidad del sistema se debilita y la desconfianza se expande. Los Estados más débiles toman nota de que las reglas pueden suspenderse cuando resultan incómodas para los más fuertes.
El impacto regional de esta política es inmediato. América Latina, que durante años había quedado relegada en la agenda estratégica estadounidense frente a Asia y Europa del Este, vuelve a ocupar un lugar central, pero no desde la cooperación sino desde la coerción. El retorno de Estados Unidos a una lógica de intervención directa reaviva memorias históricas que muchos gobiernos y sociedades creían superadas. Golpes de Estado, tutelajes económicos, administraciones “provisorias” que se prolongan indefinidamente y reestructuraciones forzadas de economías nacionales forman parte del archivo latinoamericano, y la acción sobre Venezuela reactiva todos esos fantasmas.
El mensaje para la región es inequívoco, la autonomía política y económica es tolerada solo mientras no contradiga intereses estratégicos definidos en Washington.
Este clima de presión no se limita al plano militar. La política intervencionista de Trump también se expresa en el terreno económico y financiero, donde Estados Unidos dispone de herramientas menos visibles pero igualmente eficaces.
El caso argentino resulta ilustrativo. El respaldo explícito de Washington al gobierno de Javier Milei con la puesta a disposición de 20.000 millones de dólares, frente a una crisis cambiaria que hubiera sido terminal sin ello, en medio de elecciones legislativas de medio término e incluso en un contexto de endeudamiento acelerado y fragilidad macroeconómica, responde a una lógica similar a la aplicada en Venezuela, aunque por vías distintas. En Argentina no hay marines ni bombardeos, pero sí condicionamientos políticos, económicos y financieros a cambio de avales y un sostén que permite la continuidad de un programa económico alineado con los intereses del capital financiero global, aun cuando ello implique incrementar una deuda externa que muchos analistas consideran, en términos prácticos, impagable.
Desde el realismo, esta aparente contradicción se disuelve rápidamente. Estados Unidos no busca el bienestar de los países latinoamericanos ni la estabilidad social de sus poblaciones, busca gobiernos funcionales a su estrategia regional.
En Venezuela, el objetivo es desplazar a un régimen hostil y asegurar el control de recursos energéticos clave, alejando las influencias “peligrosas”. En Argentina, el objetivo es sostener un experimento económico que garantice apertura irrestricta, alineamiento geopolítico y previsibilidad para actores financieros y corporativos, aunque el costo social y fiscal recaiga sobre el país deudor.
En ambos casos, la soberanía queda subordinada a una ecuación de poder donde las decisiones estructurales se toman fuera de las fronteras nacionales.
La declaración de Trump sobre la posible administración estadounidense de empresas estatales venezolanas es, en este sentido, particularmente reveladora. No se trata solo de una amenaza simbólica o de una frase destinada al consumo interno. Es la explicitación de una concepción patrimonial del poder internacional, en la que los Estados débiles son tratados como unidades administrables y sus activos como recursos a reorganizar.
Esta lógica remite a formas contemporáneas de neocolonialismo, donde la ocupación territorial directa es reemplazada por la gestión económica y tecnológica de sectores estratégicos. El control ya no se ejerce únicamente con soldados, sino con gerentes, contratos, flujos financieros y marcos regulatorios diseñados desde el centro del sistema.
Las consecuencias de esta política para el equilibrio global no son menores. China y Rusia, actores centrales en la disputa por influencia internacional, observan con atención el accionar estadounidense en América Latina.
Para Beijing, la intervención en Venezuela y el avance sobre activos estratégicos representan una amenaza directa a sus inversiones y a su estrategia de expansión energética. Para Moscú, constituyen una señal de que Estados Unidos está dispuesto a utilizar la fuerza sin intermediaciones cuando considera que su autoridad regional es desafiada. Desde una perspectiva realista, este tipo de acciones tiende a reforzar la lógica de bloques y a profundizar la competencia entre grandes potencias, aumentando el riesgo de conflictos indirectos y escaladas no deseadas.
Al mismo tiempo, la política de Trump introduce un factor de inestabilidad adicional en los países latinoamericanos que intentan mantener posiciones intermedias o pragmáticas. La posibilidad de ser objeto de presiones económicas, sanciones selectivas o intervenciones más directas condiciona las decisiones de política exterior y limita los márgenes de maniobra. La región se enfrenta así a la disyuntiva incómoda de alinearse de manera explícita con Estados Unidos y aceptar los costos de esa subordinación, o intentar diversificar alianzas asumiendo el riesgo de represalias. En ambos casos, la autonomía estratégica se reduce.
Desde el punto de vista interno estadounidense, la nueva política intervencionista también cumple una función política clara. Trump construye su liderazgo sobre la demostración de fuerza y la promesa de restaurar la grandeza nacional a través de acciones contundentes. La intervención en Venezuela, la retórica de control sobre recursos extranjeros y el respaldo selectivo a gobiernos aliados refuerzan una narrativa de poder que conecta con su base electoral. El realismo político, en este sentido, no se limita al plano internacional, también opera como herramienta de legitimación interna, donde la proyección de fuerza externa se traduce en capital político doméstico.
El problema de fondo es que esta lógica, aunque coherente desde una perspectiva realista estricta, erosiona los mecanismos de cooperación y resolución pacífica de conflictos construidos en las últimas décadas.
El debilitamiento del multilateralismo, la marginalización de organismos internacionales y la primacía de decisiones unilaterales generan un entorno más volátil e impredecible.
Para América Latina, esto implica un retorno a un escenario donde el desarrollo, la estabilidad y la democracia quedan supeditados a la voluntad de actores externos con capacidad de imponer condiciones.
La intervención en Venezuela y el condicionamiento económico sobre Argentina son dos caras de una misma moneda. Una se ejerce con aviones y capturas espectaculares. La otra con deuda, avales financieros y respaldo político selectivo. Ambas responden a una estrategia que concibe a América Latina como un tablero donde se juega una partida mayor, en la que el objetivo no es la estabilidad regional sino la preservación de la hegemonía.
Desde el realismo político, la pregunta no es si esta política es justa o legítima, sino si es sostenible.
La respuesta, como suele ocurrir en la historia de las grandes potencias, solo podrá evaluarse con el resultado del balance entre los costos acumulados y los beneficios inmediatos.
No hace falta más que repasar la historia para saber qué ha ocurrido cuando ha sido negativo o positivo.
