La lógica electoral en América Latina durante el siglo XXI

Durante años, una parte de la discusión pública destrató al votante latinoamericano como un sujeto capturado por identidades partidarias, redes clientelares, emociones plebiscitarias o liderazgos carismáticos. Esa mirada tenía una comodidad evidente, además de un sesgo discriminador profundo, porque permitía explicar los resultados incómodos como “irracionalidad popular”.
La evidencia acumulada durante el siglo XXI va en otro sentido. Los electores de la región castigan, premian, comparan, esperan, se frustran y cambian. Pueden hacerlo con información incompleta, con atajos cognitivos, bajo presión económica o dentro de sistemas institucionales débiles. Esa combinación los convierte en actores políticos que procesan la economía desde el lugar donde la economía se vuelve más concreta, que es el bolsillo.
La expresión “voto económico” puede sonar demasiado técnica para algo que en la vida cotidiana se expresa de manera mucho más simple. Un gobierno puede exhibir estabilidad macroeconómica, acceso al crédito, baja del déficit o mejora de ciertos indicadores agregados, y perder apoyo si la familia siente que el salario rinde menos, que el supermercado se volvió una amenaza semanal, que el alquiler subió por encima de cualquier previsión, que el empleo formal se aleja o que la ayuda estatal ya no alcanza. También puede ocurrir que una economía nacional mediocre conviva con una percepción de mejora en sectores populares si el salario mínimo crece, las transferencias llegan de forma directa y ciertos consumos básicos se vuelven más accesibles.
En América Latina, esa diferencia entre economía nacional y economía doméstica suele decidir elecciones.
La teoría distingue entre voto sociotrópico y voto egotrópico. El primero se refiera a cuando el ciudadano evalúa desde una perspectiva general el estado del país. Mira si la economía crece, si hay estabilidad, si la inflación cede, si la inversión llega, si el país parece avanzar o retroceder, si existe inseguridad o desempleo. El segundo refiere al voto del ciudadano que evalúa su situación personal o familiar para decidir a quién elegir. Mira el ingreso disponible, el empleo, la deuda, los precios de alimentos, transporte, energía y vivienda.
En democracias con Estados de bienestar robustos y mercados laborales más estables, la evaluación nacional puede pesar más. En América Latina, donde la informalidad, la desigualdad y la fragilidad de los ingresos afectan a millones de hogares, el voto de bolsillo adquiere una fuerza particular.
El votante también mira hacia atrás y hacia adelante. El voto retrospectivo pregunta qué ocurrió durante el gobierno que termina. El voto prospectivo pregunta qué puede ocurrir con las alternativas disponibles. En contextos relativamente estables, el elector puede comparar desempeño, continuidad y cambio.
En contextos de crisis, la evaluación retrospectiva se vuelve mucho más dura. Cuando el costo de vida aumenta, el ingreso cae y el futuro se achica, el oficialismo carga con la responsabilidad política del deterioro, incluso cuando parte de las causas provenga de factores externos. El presidencialismo latinoamericano refuerza ese mecanismo porque concentra la atribución de responsabilidad en la figura del presidente. La gente puede saber que existen Congreso, gobernadores, bancos centrales, mercados internacionales y organismos multilaterales. En la experiencia política cotidiana, el responsable visible suele ser quien gobierna.
El primer cuarto del siglo XXI latinoamericano puede leerse como una secuencia de ciclos económicos convertidos en ciclos políticos.
El superciclo de las materias primas ofreció a muchos gobiernos una oportunidad excepcional. La demanda asiática elevó precios de soja, cobre, petróleo, hierro y otros bienes primarios. Los Estados recibieron más recursos, expandieron gasto social, aumentaron transferencias y mejoraron ingresos disponibles. Esa etapa coincidió con la llamada marea popular, aunque reducirla a una conversión ideológica regional deja afuera una parte central del fenómeno. Muchos oficialismos fueron premiados porque la vida material de amplios sectores mejoró. El voto económico funcionó como recompensa.
Los programas de transferencias monetarias condicionadas fueron centrales en esa transformación. Progresa y Oportunidades en México, Bolsa Família en Brasil y otros esquemas similares modificaron la relación entre Estado y hogares vulnerables. No se trató solamente de política social. También se trató de un vínculo político directo. Cuando el Estado transfiere ingresos a hogares pobres bajo criterios relativamente estables, el ciudadano percibe con claridad quién produce ese beneficio. La literatura sobre transferencias condicionadas en Brasil encontró efectos electorales favorables para los oficialismos que expandieron esas políticas. El punto más interesante es que esas transferencias no siempre producen lealtades ideológicas duraderas. Funcionan mejor como mecanismo de aprobación retrospectiva y expectativa inmediata.
El elector premia lo que llega, sostiene lo que sirve y retira apoyo cuando el beneficio pierde eficacia frente a la inflación, el deterioro general o un cambio en las expectativas una vez logrado salir de la urgencia.
A partir de 2014, con el final del boom de commodities, la ecuación cambió. Menos ingresos fiscales, menos margen para subsidios, más tensión cambiaria, más endeudamiento y ajustes tarifarios crearon condiciones de alternancia. El voto de bolsillo dejó de premiar y empezó a castigar. La región comenzó a girar de un signo a otro con más velocidad. La explicación ideológica seguía importando, aunque cada vez resultaba menos suficiente.
Las preferencias políticas se volvieron más móviles porque la base material del apoyo se volvió más inestable. Cuando el ascenso social se frena, el ciudadano deja de tolerar con facilidad los relatos de continuidad.
La pandemia profundizó esa dinámica. América Latina sufrió contracciones económicas severas, pérdida de empleo, expansión de informalidad, endeudamiento público y fuerte presión sobre sistemas sanitarios. Para evitar un colapso social mayor, muchos gobiernos ampliaron el gasto. Esa expansión tuvo justificación de emergencia, con efectos persistentes en economías de baja credibilidad fiscal, deuda sensible y márgenes monetarios reducidos. La consecuencia electoral fue conocida por cualquier familia antes que por cualquier informe técnico. La inflación transforma cada ingreso en una promesa rota.
La inflación es políticamente devastadora porque opera como una experiencia cotidiana de pérdida. Se verifica en la góndola, en el transporte, en la farmacia, en el alquiler, en la cuota escolar, en el crédito y sobre todo en la imposibilidad de planificar.
Un gobierno puede explicar causas externas, shocks energéticos, guerra, pandemia, deuda heredada o especulación empresaria. Algunas de esas explicaciones pueden ser ciertas. El elector, frente al deterioro de su vida cotidiana, evalúa menos la causalidad y más la responsabilidad política. Allí se consolida el voto de castigo.
La región entró así en una etapa de alta volatilidad. La bronca anti oficialista debilitó centros políticos, erosionó partidos tradicionales y abrió espacio para liderazgos más confrontativos. La presión del costo de vida, la sensación de declive y la frustración con las élites forman parte de ese clima.
En América Latina, ese malestar se combina con inseguridad, informalidad, baja confianza institucional y sistemas partidarios fragmentados. El resultado es una política más punitiva. El voto ya no expresa solamente preferencia. Muchas veces expresa enojo y “venganza” en modo veto.
México en 2024 muestra una excepción significativa. Claudia Sheinbaum ganó la presidencia con una ventaja amplia y Morena retuvo el poder en un contexto regional hostil a los oficialismos. El resultado no puede entenderse solo desde el crecimiento agregado. Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, México tuvo dificultades de seguridad y un desempeño económico discutible en términos macro. Aun así, el gobierno construyó una poderosa relación microeconómica con sectores populares mediante aumentos del salario mínimo, pensiones, becas y transferencias directas. Para millones de votantes, la pregunta decisiva no fue si México había resuelto todos sus problemas estructurales. La pregunta decisiva fue si su hogar estaba mejor que antes en dimensiones concretas del ingreso y la protección social. La elección mexicana confirma que el voto de bolsillo puede neutralizar una parte importante del desgaste gubernamental cuando la mejora se percibe como directa y atribuible al oficialismo.
República Dominicana ofrece otro camino. Luis Abinader logró la reelección en 2024 en primera vuelta, con una lectura más sociotrópica del desempeño. Su gobierno quedó asociado a crecimiento, turismo, inversión, estabilidad y continuidad de reglas. Allí el elector pareció premiar una combinación de estabilidad macroeconómica y expectativa de continuidad. La diferencia con otros países de la región está en que el crecimiento logró convertirse en una señal política creíble. La economía nacional, en ese caso, no quedó encerrada en el lenguaje de los técnicos. Funcionó como promesa razonable de orden y previsibilidad.
El Salvador representa una anomalía todavía más fuerte. Nayib Bukele fue reelegido con un apoyo extraordinario en 2024, aun cuando la economía salvadoreña no ofrecía una mejora material equivalente al nivel de respaldo político. La clave fue la seguridad. En sociedades sometidas durante años al control territorial de pandillas, extorsión y miedo cotidiano, la recuperación del tránsito, la vida barrial y la reducción drástica de homicidios pueden desplazar a la economía como criterio principal de evaluación. Esto no elimina las preguntas sobre constitucionalidad, derechos, concentración de poder y régimen de excepción. Muestra que cuando la seguridad física aparece como condición básica de existencia social, puede convertirse en sustituto político del bienestar económico.
Uruguay, en cambio, ilustra el límite de la disciplina macroeconómica cuando no alcanza para producir dinamismo percibido. La victoria de Yamandú Orsi en 2024 devolvió al Frente Amplio al gobierno en una democracia de alta institucionalidad regional. La coalición saliente podía exhibir avances de orden fiscal y monetario, aunque enfrentó bajo crecimiento, costo de vida elevado y sensación de estancamiento. La oposición logró conectar con demandas sociales vinculadas a ingreso, infancia, consumo familiar y protección. Uruguay recuerda que una macroeconomía prolija puede perder cuando no se traduce en expectativa de movilidad y bienestar cotidiano.
La corrupción agrega una capa decisiva a esta relación entre economía y voto. Funciona como indignación moral pero mucho más como daño económico percibido.
Hay una corrupción sociotrópica, asociada a grandes escándalos nacionales que deterioran la confianza en el Estado. Y hay una corrupción de bolsillo, mucho más íntima, cuando el ciudadano debe pagar una coima, soportar arbitrariedades, perder tiempo, resignar derechos o depender de intermediarios para acceder a lo que debería recibir por regla. Esa experiencia directa puede volver más persistente el castigo electoral porque une deterioro institucional y pérdida personal. El ciudadano no solo cree que roban. Siente que le roban.
En América Latina, la economía tampoco puede quedar fuera del análisis político. La decisión electoral se forma en una trama donde entran ingresos, precios, seguridad, orden, identidad, memoria partidaria, expectativas, miedos, enojo, promesas y liderazgos.
La economía pesa porque afecta la vida. La política decide porque organiza el sentido de esa afectación, asigna responsabilidades, ofrece culpables, construye alternativas y administra conflictos.
Por eso conviene evitar dos errores simétricos. El primero consiste en creer que los latinoamericanos votan solamente con el bolsillo. El segundo consiste en hablar de democracia, representación y liderazgo como si la economía cotidiana fuera un dato menor. El votante de la región puede premiar una transferencia, castigar una inflación, apoyar una política de seguridad, sostener una identidad partidaria o buscar un outsider cuando siente que el sistema por completo dejó de responder. Esa combinación no es irracionalidad. Es política bajo presión material.
El siglo XXI latinoamericano muestra como regla que los oficialismos sobreviven cuando logran transformar el poder en experiencia concreta de mejora, orden o protección. Caen cuando la vida cotidiana se vuelve más cara, más incierta, más insegura o más humillante.
Los grandes indicadores importan, aunque llegan tarde al juicio popular si no se convierten en salario real, empleo, consumo posible, tranquilidad barrial y futuro imaginable.
En un continente marcado por alta desigualdad, informalidad y baja confianza institucional, gobernar implica hacer equilibrio entre los objetivos de largo plazo y mejorar las expectativas de las personas en tiempos relativamente cortos para un período de gobierno.
Fuentes consultadas
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