Vacunas y política en la era de la desinformación
Cuando un Estado deja de exigir vacunas, parece que no pasa nada de inmediato. No salta ninguna alarma ni mueren personas por la calle al otro día, como tampoco hay grandes titulares en los medios sobre el tema enseguida. Justamente por eso el retroceso es tan peligroso.
La evidencia científica es clara, el daño no es instantáneo, es acumulativo. Y cuando finalmente se manifiesta, ya es tarde para discursos tranquilizadores sobre la libertad de elección.
En enero de 2026, la revista Nature publicó un artículo incómodo para los discursos políticos de moda. La nota analiza qué ocurre cuando los Estados reducen, relativizan o desarman sus políticas de vacunación. El título no deja lugar a ambigüedades “How do vaccine cutbacks affect public health? Ask Japan”. La respuesta, basada en evidencia histórica y epidemiológica, es simple y poco compatible con la retórica política dominante. Cuando el Estado se retira, las enfermedades regresan.
Aunque el artículo se centra en el caso japonés y en debates recientes en Estados Unidos, sus conclusiones son plenamente aplicables a América Latina, una región que conoce bien tanto los beneficios de la vacunación universal como los costos de abandonarla.
La idea de que la vacunación es una decisión estrictamente individual choca de frente con décadas de datos que muestran que la salud pública funciona como un sistema interdependiente. No existe inmunidad privada sin inmunidad colectiva.
La Organización Mundial de la Salud advirtió mucho antes de la pandemia que la reticencia a la vacunación era una de las principales amenazas a la salud global. No por razones ideológicas, sino por una constatación empírica, incluso pequeñas caídas sostenidas en la cobertura permiten la reaparición de enfermedades prevenibles.
No hace falta que un gobierno prohíba las vacunas. Basta con que deje de exigirlas, de comunicarlas con claridad o de sostener la infraestructura simbólica y material que hace posible la inmunización masiva.
América Latina ofrece ejemplos concretos y documentados de este proceso. En 2016, la región fue declarada libre de sarampión por la Organización Panamericana de la Salud. Dos años después, esa condición se perdió. El brote iniciado en Venezuela entre 2017 y 2019, ampliamente documentado por la OPS, estuvo asociado a la caída de coberturas vacunales y al debilitamiento del sistema de salud. Desde allí, el virus se reintrodujo en otros países, demostrando que los retrocesos sanitarios no respetan fronteras.
Brasil, durante décadas un modelo internacional en políticas de inmunización, registró brotes de sarampión entre 2018 y 2022. El propio Ministerio de Salud brasileño y la OPS señalaron como factores clave la disminución de la cobertura en vacunas infantiles, la expansión de la desinformación y la menor percepción de riesgo. Chile, Colombia y Perú también reportaron descensos preocupantes en coberturas durante y después de la pandemia, lo que obligó a desplegar campañas de recuperación para evitar la reaparición de enfermedades que hasta hace poco parecían erradicadas.
En este escenario regional, Argentina ocupa un lugar particular. No porque sea el país más afectado, sino porque resulta paradigmático. Argentina cuenta con uno de los calendarios de vacunación más completos de América Latina, de cobertura universal, gratuito y respaldado por una ley nacional que establece la obligatoriedad. Durante décadas, ese sistema permitió niveles de inmunización comparables con los de países de altos ingresos.
Justamente por eso, el crecimiento del discurso antivacunas y la tendencia estatal a relativizar la obligatoriedad de algunas vacunas resulta especialmente significativa. No se trata de un país sin tradición sanitaria, ni de un sistema colapsado, ni de una población históricamente reacia a vacunarse. Se trata de un caso en el que un entramado político e ideológico de orientación liberal empieza a erosionar una política pública que funcionaba.
El artículo de Nature es explícito en este punto. Los expertos citados advierten que los recortes, las exclusiones del calendario o los mensajes ambiguos no generan efectos inmediatos visibles. El daño es progresivo. Cohortes de niños y niñas que no reciben vacunas a tiempo se convierten en reservorios de susceptibilidad. Años después, cuando aparece un brote, ya no hay margen para decisiones correctivas rápidas ni para apelaciones abstractas a la responsabilidad individual.
El movimiento antivacunas se apoya en una falacia persistente. Presenta la vacunación como una imposición estatal arbitraria, cuando en realidad es una de las políticas públicas más estudiadas, evaluadas y ajustadas de la historia moderna. No existe evidencia científica sólida que respalde la idea de que reducir la vacunación obligatoria mejore la salud poblacional. La evidencia disponible muestra exactamente lo contrario.
Los Estados de orientación liberal y libertaria suelen cometer el mismo error conceptual. Confunden la reducción del Estado con eficiencia, incluso cuando los datos indican que ciertas funciones estatales, como la vacunación sistemática, no admiten sustitutos de mercado ni soluciones individuales.
No hay emprendimiento privado capaz de sostener la inmunidad colectiva. No hay decisión individual que proteja a quienes no pueden vacunarse por razones médicas.
La experiencia latinoamericana muestra que la vacunación universal no es un lujo ideológico, sino una condición mínima de equidad sanitaria. Cuando esa política se debilita, los primeros afectados no son quienes más denuncian la intervención estatal, sino los sectores más vulnerables. Niños, adultos mayores y personas inmunocomprometidas pagan el costo de decisiones tomadas en nombre de una libertad mal entendida.
El caso japonés analizado por Nature refuerza esta advertencia. Tras la suspensión de la recomendación activa de la vacuna contra el virus del papiloma humano y/o la gripe, la cobertura cayó de manera abrupta y persistente. Los especialistas advierten que esa decisión tendrá consecuencias sanitarias a largo plazo, con un aumento esperado de casos de cáncer de cuello uterino en las próximas décadas mientras que la gripe se ha transformado en una epidemia estacional. Recuperar la confianza perdida está resultando mucho más difícil que haber sostenido la política original.
Estados Unidos parece encaminarse en una dirección similar, con un clima político cada vez más permeable a la retórica antivacunas y a la deslegitimación de las políticas preventivas. América Latina observa este proceso desde una posición vulnerable, con sistemas de salud más frágiles y menor margen para absorber retrocesos.
La evidencia científica no deja lugar a dudas. Cuando el Estado se retira de la vacunación, las enfermedades avanzan. No es una hipótesis ni una postura ideológica. Es un hecho documentado. Las motivaciones para reducir las políticas preventivas, en cambio, sí son ideológicas y suelen justificarse con retóricas vacías de datos o con premisas falsas.
Tampoco se trata de una cuestión económica. La propia literatura en salud pública es contundente: prevenir siempre resulta más barato, más eficaz y más justo que curar. Debilitar la vacunación no es una decisión audaz ni moderna. Es un retroceso previsible, cuyos costos terminan pagando quienes menos capacidad tienen para defenderse.
Lo decía mi abuela: “Más vale prevenir que curar”. Es evidente que mi abuela sabía mucho de todo.
Fuentes y bibliografía
Ledford, H. How do vaccine cutbacks affect public health? Ask Japan. Nature. 2026.
https://doi.org/10.1038/d41586-026-00146-2
Organización Mundial de la Salud. Vaccine hesitancy: what it means and what we need to know.
https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/vaccine-hesitancy-what-it-means-and-what-we-need-to-know
Organización Panamericana de la Salud. Sarampión en las Américas.
https://www.paho.org/es/temas/sarampion
OPS. Actualización epidemiológica sobre sarampión en Venezuela y la región.
https://www.paho.org/es/documentos/actualizacion-epidemiologica-sarampion
Ministerio de Salud de Brasil. Situación epidemiológica del sarampión.
https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/sarampo
Ministerio de Salud de Argentina. Ley 27.491 y Calendario Nacional de Vacunación.
https://www.argentina.gob.ar/salud/vacunas/ley-27491
