La idea de que cada persona reciba un ingreso periódico, suficiente para cubrir sus necesidades básicas, sin importar si trabaja o no, ha dejado de ser una extravagancia ideológica para convertirse en una propuesta considerada seriamente en los círculos de poder económico y tecnológico. El ingreso básico universal (IBU) o renta universal, tal como se lo formula hoy, ya no proviene únicamente de intelectuales o movimientos sociales. Está siendo impulsado por los líderes de las industrias más disruptivas del mundo, en especial de líderes tecnológicos.
Referentes como Elon Musk (CEO de Tesla y SpaceX), Sam Altman (CEO de OpenAI), Mark Zuckerberg (CEO de Meta), Chris Hughes (cofundador de Facebook y director de la Economic Security Project), Pierre Omidyar (fundador de eBay y creador de la Omidyar Network), Andrew Ng (cofundador de Coursera y exjefe científico de Baidu), Stewart Butterfield (fundador de Slack) y Bill Gates (cofundador de Microsoft), no sólo han defendido públicamente la idea, sino que han financiado estudios, respaldado programas piloto y promovido su discusión como política necesaria frente a los desafíos que presenta la automatización creciente, ahora potenciada por la inteligencia artificial.
La narrativa según la cual la IA no reemplazará empleos, sino que permitirá a los humanos enfocarse en tareas más creativas, está siendo desmentida por los mismos actores que lideran su desarrollo.
La IA (SÍ) va a reemplazar trabajadores en todas las actividades económicas actuales.
La automatización ya no es una promesa futura, sino un fenómeno en marcha que transforma la estructura del mercado laboral. Incluso sectores como la programación, la redacción, el diseño gráfico, la atención al cliente y el análisis de datos están siendo progresivamente sustituidos por modelos de lenguaje, algoritmos de toma de decisiones y sistemas autónomos que replican procesos cognitivos con eficiencia creciente.
El impacto proyectado ha sido advertido desde hace más de una década. Estudios de la Universidad de Oxford y de la consultora McKinsey coinciden en que entre el 40% y el 47% de los empleos actuales en economías avanzadas tienen un alto potencial de ser automatizados. Este escenario se ha acelerado con la incorporación masiva de IA generativa, lo que amplía el alcance del reemplazo a perfiles profesionales previamente considerados “seguros”.
Frente a ese panorama, el ingreso básico universal se configura como una respuesta preventiva. Musk ha declarado que, con el avance de la automatización, esta política será inevitable. Altman ha financiado programas piloto para estudiar sus efectos reales. Zuckerberg lo presenta como una forma de liberar tiempo para la creatividad y el emprendimiento. Hughes y Omidyar impulsan su implementación desde plataformas filantrópicas. Todos ellos convergen en la necesidad de repensar el vínculo entre ciudadanía, ingreso y trabajo.
Esta coincidencia no nace del voluntarismo ni de una sensibilidad humanitaria espontánea. La motivación es estratégica, si grandes sectores de la población pierden su rol productivo, también pierden su capacidad de consumo. Sin mecanismos de redistribución, el sistema económico corre el riesgo de asfixiarse por falta de demanda. En otras palabras, el ingreso básico es percibido como una forma de sostenibilidad macroeconómica y de contención social.
Pero más allá del plano económico, esta transformación plantea un problema sociopolítico estructural. Las democracias liberales contemporáneas se fundan en el principio de inclusión formal, cada persona cuenta con derechos civiles y políticos, sin distinción de ingresos. Sin embargo, el modelo económico vigente excluye materialmente a millones de personas que no logran insertarse en un mercado laboral que exige cada vez más habilidades, adaptabilidad y resiliencia frente a la incertidumbre.
A medida que se profundiza la distancia entre la inclusión política y la exclusión económica, el sistema entra en crisis.
El voto sigue siendo universal, pero sus efectos concretos sobre las condiciones de vida son cada vez más difusos. La legitimidad democrática se debilita cuando deja de ofrecer horizontes de bienestar y estabilidad. En este contexto, el ingreso básico puede ser interpretado no solo como un instrumento de justicia social, sino como un intento por recomponer el pacto fundacional entre ciudadanía y pertenencia.
Referentes como el Papa Francisco han propuesto un “salario básico universal” como forma de garantizar dignidad a quienes han quedado fuera del mercado formal. Filósofos como Philippe Van Parijs han argumentado que este mecanismo es una condición necesaria para una libertad efectiva, entendida como la posibilidad de elegir sin estar condicionado por la precariedad. En ambos casos, se plantea un horizonte normativo en el que el ingreso mínimo no es un favor, sino un derecho básico en sociedades altamente productivas.
Las críticas a la renta universal no son menores. Se discuten sus costos fiscales, su eventual impacto negativo sobre el incentivo al trabajo y el riesgo de desmantelar programas sociales existentes. También se cuestiona si puede generar dependencia o consolidar una cultura de pasividad. Sin embargo, la evidencia empírica recogida en países como Finlandia, Kenia, Canadá o Estados Unidos indica que los programas piloto han tenido efectos positivos en salud mental, educación, emprendimiento y estabilidad de ingresos, sin reducciones significativas en la participación laboral.
No obstante, resulta imprescindible evitar cualquier romantización.
Un ingreso básico de mera supervivencia, sin participación ciudadana ni transformación profunda de las reglas que estructuran el poder económico y tecnológico, puede operar como un sedante social. Una forma eficaz de contener la revuelta sin tocar las causas que la producen. Si quienes diseñan la automatización son también quienes definen cómo se compensa su impacto, lo que está en juego no es sólo el trabajo sino el control.
El ingreso básico, bajo esas condiciones, corre el riesgo de convertirse en un mecanismo que distribuye lo mínimo necesario para garantizar orden, pero no lo suficiente como para garantizar autonomía.
Si no se discute públicamente su diseño, su alcance y su administración, puede consolidar una ciudadanía pasiva, económicamente dependiente y políticamente desmovilizada.
En este contexto, la respuesta no puede limitarse a esperar transferencias. Exigir información, organizarse, disputar el sentido de las narrativas dominantes y politizar lo que hasta ahora se presenta como un destino inevitable son pasos ineludibles.
Porque mientras la mayoría asiste con incertidumbre a este proceso, las decisiones que estructurarán los próximos diez o veinte años están siendo codificadas en algoritmos, arquitecturas legales y modelos de negocio que, hasta ahora, no admiten observación pública ni control democrático.
El ingreso básico universal no es una solución definitiva, ni una garantía de equidad. Pero en ausencia de mecanismos de redistribución amplios, lo que emerge es un escenario en el que las decisiones sobre el presente y el futuro se concentran en manos de quienes controlan el desarrollo tecnológico y financiero, mientras el resto de la población enfrenta sus efectos sin voz, sin poder de negociación y sin red de protección.
