Artículo basado en la publicación de Ted Gioia, “Our Shared Reality Will Self-Destruct in the Next 12 Months“.
Durante siglos, la realidad compartida fue un supuesto tácito. Podíamos discutir interpretaciones, valores, ideologías o intereses, pero había un acuerdo de base porque los hechos existían, podían ser registrados y, con esfuerzo, verificados. Ese acuerdo nunca fue perfecto ni universal, pero fue suficiente para sostener instituciones, sistemas legales, ciencia, periodismo y hasta la vida cotidiana. Era la base para construir el sentido común.
Hoy ese supuesto empieza a resquebrajarse de una manera inédita. No porque la mentira sea nueva, sino porque la capacidad de fabricar realidades completas se ha vuelto masiva, barata y prácticamente indetectable.
La advertencia que planteamos no es apocalíptica en el sentido cinematográfico del término. No hablamos de un colapso espectacular ni de un evento único que marque un antes y un después. Habla de algo más inquietante, una disolución progresiva, silenciosa y funcional de la realidad compartida. Un proceso que no necesita conspiraciones centralizadas ni voluntades malignas coordinadas. Basta con una combinación explosiva de tecnología avanzada, incentivos económicos perversos y una sociedad cansada, saturada de información y cada vez menos dispuesta a verificar.
Durante buena parte del siglo XX, incluso los regímenes más autoritarios encontraron límites técnicos para reescribir la realidad. Podían censurar, ocultar, manipular, pero siempre quedaban rastros. Fotografías originales, documentos físicos o testigos vivos. El famoso borrado de personas en las fotos del estalinismo era brutal pero imperfecto. La historia podía ser intervenida, pero no completamente reemplazada. La tecnología digital y, sobre todo, la inteligencia artificial generativa, cambian ese equilibrio de forma radical. Ya no se trata de borrar algo que ocurrió, sino de crear con absoluta verosimilitud aquello que jamás sucedió.
Este punto es clave y suele subestimarse. La discusión pública todavía gira, en muchos casos, alrededor de la desinformación clásica como noticias falsas, titulares engañosos o recortes maliciosos. Eso pertenece a un estadio anterior del problema. Lo que viene, y en parte ya está ocurriendo, es la producción industrial de evidencias falsas. Videos, audios, fotografías, textos y hasta registros administrativos capaces de sostener una narrativa completa sin fisuras evidentes. No como excepción, sino como norma potencial.
Cuando cualquier prueba puede ser falsificada, la noción misma de prueba pierde valor. Y cuando eso ocurre, el escepticismo deja de ser una actitud saludable para convertirse en una condición permanente.
No es que la gente crea cualquier cosa, como suele decirse. Es, paradójicamente lo contrario, la gente deja de creer en casi todo.
El resultado no es una sociedad más crítica, sino una sociedad más indiferente, más cínica y, en última instancia, más manipulable.
La paradoja es incómoda. Cuanto más sofisticadas son las herramientas de verificación, más sofisticadas son también las de falsificación. Y esa carrera tecnológica no tiene un punto de llegada estable. Cada avance en detección alimenta un avance en simulación. A diferencia de otras tecnologías, no existe aquí un umbral claro que permita decir “a partir de ahora esto es seguro”. La confianza, que es un fenómeno social antes que técnico, no se puede automatizar.
Uno de los aspectos más perturbadores del escenario actual es la erosión del testimonio humano. Durante siglos, la presencia física fue una garantía básica. Estar ahí, ver con los propios ojos, escuchar con los propios oídos, etc. Hoy incluso eso se vuelve problemático.
La experiencia mediada por pantallas se impone como norma, y la distinción entre presencia real y simulada comienza a diluirse. No es casual que resurja el valor de ciertos rituales analógicos como encuentros presenciales, firmas manuscritas, libros impresos y el “regreso” de los documentos físicos. No por nostalgia, sino por necesidad.
Esta revalorización de lo analógico no implica un rechazo romántico a la tecnología, sino una respuesta adaptativa. Cuando el entorno digital se vuelve epistemológicamente inestable, los seres humanos buscan anclas. Y esas anclas suelen estar asociadas a límites materiales, a fricciones, a costos.
La imposibilidad de falsificar masivamente un libro impreso no es ideológica, es logística. La dificultad de simular una conversación cara a cara sostenida en el tiempo no es moral, es práctica.
Sin embargo, estas respuestas defensivas no escalan fácilmente a nivel social. Funcionan para individuos, pequeños grupos o comunidades específicas, pero no resuelven el problema estructural. Las democracias modernas, los mercados, los sistemas judiciales y los medios de comunicación necesitan operar a gran escala. Y esa escala depende, inevitablemente, de sistemas digitales.
El dilema es evidente, no podemos volver atrás, pero tampoco podemos avanzar sin repensar profundamente las reglas del juego.
Uno de los efectos menos discutidos de la fragmentación de la realidad compartida es el impacto emocional y psicológico. Vivir en un entorno donde nada es completamente confiable genera fatiga cognitiva. Verificar constantemente es costoso. Desconfiar de todo es agotador. Con el tiempo, muchas personas optan por retirarse del espacio público, reducir su exposición informativa o limitar sus interacciones a círculos cerrados donde la confianza se basa en vínculos personales y no en evidencias externas. Este repliegue no es apatía, es autopreservación.
El problema es que ese retiro deja el espacio público en manos de quienes sí están dispuestos a operar en la ambigüedad, a manipular, a explotar la confusión.
La ausencia de una realidad compartida no neutraliza el poder, lo redistribuye de forma opaca. Quienes controlan los flujos de información, las plataformas y los sistemas de generación de contenido adquieren una ventaja desproporcionada, incluso sin la intención explícita de hacerlo.
En este contexto, la figura del periodista, del investigador, del docente o del experto enfrenta una crisis de legitimidad que no siempre proviene de errores propios. La sospecha se generaliza. Ya no se discute tanto si una fuente es confiable, sino si la noción misma de fuente sigue teniendo sentido. Esto no conduce a una horizontalidad democrática del conocimiento, como algunos imaginaron en los inicios de Internet, sino a una atomización radical donde cada individuo construye su propio microclima de realidad.
Posiblemente aparezcan nuevas profesiones dedicadas a la custodia de la verdad. No como árbitros absolutos, sino como garantes de procesos. La idea es interesante, aunque enfrenta problemas evidentes. ¿Quién certifica a los certificadores? ¿Bajo qué criterios? ¿Con qué legitimidad social?
En un mundo que desconfía de las instituciones, crear nuevas instituciones no es trivial. Sin embargo, la alternativa es dejar ese vacío sin ningún tipo de respuesta organizada.
Otra dimensión central del problema es económica. La falsificación de realidad no es solo una amenaza política o cultural, es un negocio. Generar contenido falso es barato, rápido y escalable. Verificarlo es caro, lento y poco rentable.
Esa asimetría crea un incentivo estructural a favor del engaño, incluso cuando no hay una agenda ideológica detrás. Plataformas que monetizan la atención no tienen razones claras para priorizar la verdad sobre el engagement, salvo la presión de nuevas normas o el diferencial de la propia reputación.
Cada vez que una tecnología ofrece ventajas competitivas, alguien la utilizará, aunque el costo social sea alto. Esperar que el mercado resuelva espontáneamente un problema de este tipo es, como mínimo, ingenuo.
No obstante, tampoco hay soluciones simples desde el Estado. La regulación de la verdad es un terreno peligroso. Los intentos de controlar la información pueden derivar rápidamente en censura, persecución o abuso de poder. El equilibrio entre protección y control es frágil, especialmente en contextos políticos polarizados. El riesgo no es solo perder la realidad compartida, sino reemplazarla por una versión oficial impuesta.
Ted Gioia, en su artículo “Nuestra realidad compartida se autodestruirá en los próximos 12 meses” (en inglés) propone un cambio de marco mental más que interesante. Esto es, dejar de pensar la crisis de la verdad como un problema de contenidos y empezar a verla como un problema de infraestructura social.
La realidad compartida no es solo un conjunto de datos correctos, es una red de prácticas, instituciones, hábitos y valores que permiten que esos datos tengan sentido colectivo.
Reconstruir o preservar esa infraestructura implica decisiones incómodas. Implica aceptar que no todo lo técnicamente posible es socialmente deseable. Implica invertir en educación crítica de largo plazo, no solo en herramientas de detección automática. Implica rediscutir el rol de las plataformas, los incentivos económicos y la responsabilidad de quienes producen y distribuyen información.
También implica, a nivel individual, una revisión de nuestras propias prácticas. Qué compartimos, qué creemos, qué damos por cierto sin verificar. No desde una moralización superficial, sino desde la conciencia de que cada acto comunicativo contribuye, en pequeña escala, a sostener o erosionar la realidad compartida.
La realidad, como construcción colectiva, requiere mantenimiento. Y como toda infraestructura crítica, cuando se deteriora demasiado, su reconstrucción se vuelve costosa, lenta y, a veces, imposible.
Si la realidad compartida desaparece, no lo hará con un estruendo. Lo hará con un bostezo colectivo, con un “nada importa”, con un “nadie sabe nada” o “la verdad no existe”. Y cuando eso ocurra, lo que esté en riesgo no será la VERDAD en abstracto, sino la posibilidad misma de convivir sin recurrir a la fuerza, la imposición o el aislamiento.
